El afán por culpar a las personas indocumentadas de todos los males llegan a extremos insólitos. Habrá que esperar hasta cuándo los ciudadanos de este país podrán resistir que sus libertades y derechos continúen siendo pisoteados por las autoridades electas para garantizarlas y protegerlas.
Es que con el slogan de que los indocumentados están perjudicando la economía, son responsables de que el sistema de salud vaya a la bancarrota, posiblemente vayan a destruir prácticamente la estabilidad del país, y demás “culpas”, las autoridades del condado de Cobb, como muestra de la miopía política o respondiendo a oscuros intereses, han decidido que en una casa no podrán residir muchas familias.
La voluntad de miles de personas depositadas en manos de 5 personas obviamente no puede ser menos representativo, pero esa es otra historia. Lo cierto es que 5 comisionados resolvieron a votazo que ellos son los dueños de las vidas de ese condado y por lo tanto con la autoridad para decirle a los pobres que no pueden rentar una casa, por no tener dinero quizás, que deberán mudarse a otro estado.
La ordenanza municipal es una respuesta a la preocupación legítima de unos vecinos que se quejaron porque sus viviendas se estaban devaluando, según ellos, porque en el vecindario hay una casa con diez personas y en-frente estan estacionados varios vehículos.
Estos vecinos tienen derecho a reclamar y a peticionar ante las autoridades. No se trata de negar a estos vecinos su derecho a reclamar ante las autoridades electas. El punto es que las autoridades electas para servir a la comunidad en su conjunto no puede ignorar las realidades del conjunto del vecindario.
Con respecto a la inmigración indocumentada, que los políticos la vinculan con el terrorismo para insitar y explotar el miedo en la población, se está yendo a extremos que perjudicarán a los ciudadanos y en algún momento podría generar brotes de violencia.
La responsabilidad de los políticos es administrar los conflictos y buscar soluciones para el bienestar de la comunidad.
Es realmente cómodo para una autoridad decirle a un dueño de casa que no puede tener más de 6 personas porque tener más de 10 perjudica al vecindario, y devalúa la propiedad de las casas. Además es fácil decirle a un dueño de casa que no puede tener más de 2 autos estacionados frente a su domicilio porque molesta a la vista.
La manera cómo se encara la inquietud de los vecinos que son molestados por el hacinamiento domiciliario, debería ser encarado desde el punto de vista de seguridad, higiene y bienestar de las personas que residen en una casa a montones. Por otro lado, si las autoridades realmente pretenden arreglar una situación no pueden acudir con medidas de restricción simplista sin proponer alternativas.
Cuando se impone algo se debe dar alternativas.
Las familias que viven en una casa hacinadas no son lo mejor, pero por lo menos no están en las calles. Es de imaginar que los vecinos que protestaron contra la vivienda en particular volverán de nuevo a las autoridades para reclamar que las familias hechadas de la casa en cuestión ocuparon las calles porque no tienen el dinero para pagar una renta o comprar una vivienda.
Cada vez que las autoridades electas imponen una ley o una medida para castigar a las personas indocumentadas ha tenido un efecto no deseado en la comunidad en general. Como muestra basta un botón, pero son tantas que basta el ejemplo analizado.
La pregunta del millón de dólares es: ¿ Cómo el condado de Cobb va a responder a los ciudadanos pobres ( blancos, negros y amarillos ) que deberán salir de sus alberques para deambular las calles o acudir a los proyectos habitacionales - también sobrepoblados - en muchos casos criticados por los mismos vecinos que propiciaron la medida de desalojo ?.
La otra mitad de la pregunta es: ¿ Se crearán estacionamientos especiales para los autos de las personas que quedarán sin residencia o un parque para que estos vehículos se conviertan en casas móviles ?.
Lo trágico en todo esto es que mientras se pretende erradicar la inmigración indocumentada se perjudica a ciudadanos que económica o socialmente están en las mismas condiciones que los llamados “ilegales”.
Y lamentablemente para todos, como no existe la voluntad política para buscar soluciones sino aumentar los problemas con leyes estaduales como la SB 529 y ordenanzas, la situación parece no encaminar a puerto seguro.

El Editor