La comunidad inmigrante y especialmente la hispana se verá beneficiada en gran parte por la ley de reforma financiera - Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act – que contó con la firma del presidente estadounidense, Barack Obama, el 21 de julio del 2010.

La ley promulgada es la mayor reforma financiera desde la Gran Depresión que, a su juicio, pondrá fin a los programas de rescate de Wall Street financiados por los contribuyentes.

La ley fue aprobada hace menos de una semana en el Senado tras una larga batalla política, en lo que se considera su mayor éxito en política interna desde que lograra también la reforma sanitaria meses atrás.

El presidente de EEUU afirmó que la "causa principal" de la recesión económica fue "el descalabro de nuestro sistema financiero" y que la crisis de 2008 fue fruto de la irresponsabilidad de algunos sectores en Wall Street y en los pasillos del poder en Washington.

La reforma financiera, aprobada en el Congreso con el apoyo de sólo un puñado de republicanos, permite al Gobierno de EEUU desmantelar empresas que puedan poner en peligro la economía, crea una entidad de protección financiera para los consumidores y eleva la supervisión del complejo entramado financiero nacional.

Con la ley financiera se reduce el poder de los grandes bancos y ataca prácticas engañosas por parte de las empresas de tarjetas de crédito. Además refiere que si una gran institución quiebra, la nueva ley entrega las herramientas para permitir su cierre sin perjudicar la economía en general.

Además se creará una Oficina Federal de Seguros que supervisará a este sector financiero y recomendará cuáles aseguradoras deben considerarse como riesgos potenciales para todo el sistema financiero.

Las hipotecas también tendrán normas mínimas. Los prestamistas, por primera vez, deberán asegurar que el prestatario puede pagar el préstamo verificando el historial de crédito y el empleo del solicitante.

La crisis mundial comenzó, precisamente, como consecuencia de la crisis crediticia e hipotecaria en Estados Unidos, que provocó el quiebre de decenas de bancos e instituciones financieras, entre ellos el cuarto banco más importante de Estados Unidos, Lehman Brothers, que anunció su quiebra en septiembre de 2008.

Además de regulaciones adicionales, la nueva ley establece una oficina de protección al consumidor con la que se busca proteger a los clientes de las llamadas prácticas "depredadoras" de la banca. Un punto en el que las minorías negra y latina han sido históricamente más vulnerables.

Como reconocía en mayo en un comunicado el Departamento del Tesoro, "demasiadas familias latinas han pagado el precio de un marco regulatorio desfasado que dejó al sistema financiero vulnerable y a las familias sin adecuada protección".

Según datos de la Reserva Federal, el banco central estadounidense, los latinos tienen un 30% más de posibilidades de ser afectados por "préstamos fraudulentos", aquellos que fuerzan al cliente a pagar un interés más elevado del que podría obtener de acuerdo a su calificación de riesgo. Los infames “usureros”.

En 2009 el 17% de los hispanos propietarios de inmuebles se enfrentaron a un proceso de ejecución hipotecaria, frente al 11% entre población negra y el 7% entre blancos no hispanos. La mitad de esas hipotecas ejecutadas fueron contratadas entre 2005 y 2006, en la cúspide de la bonanza crediticia en Estados Unidos.

Parte de los problemas surgen porque los latinos tienen una cultura bancaria distinta y a veces no conocen el negocio en EE.UU.

Los hispanos suelen estar menos "bancarizados" que el resto de la sociedad. Según datos del Departamento del Tesoro, el 16% de los hogares latinos no mantienen cuentas bancarias, bien por desconfiar del sistema o por huir de los costos de manutención. Y quizá esta desconfianza salvó a algunos al “depositar” su dinero bajo el colchón.

Según cifras del Banco Mundial, en 2009 unos $ 48.000 millones salieron de EE.UU. hacia países de América Latina y el Caribe en forma de remesas enviadas por inmigrantes a sus familias.

Aunque el promedio de lo que una persona envía a su país es solo unos cientos de dólares, se trata de un negocio gigantesco. Muchas veces lo que pagan los usuarios por el servicio no está del todo claro. Se envía $ 1000 pero llega a destino solo $ 700, por ejemplo.

La nueva ley exige a bancos y otras empresas que trabajan con giros y transferencias discriminar los costos e impuestos que paguen los clientes al contratar sus servicios, de manera que sepan cuánto dinero recibirá el beneficiario final.

Para algunos, ese solo detalle, es suficiente para considerar que la reforma financiera es un beneficio directo para la comunidad hispana en EE.UU. y para los inmigrantes en general.

Algunos aspectos de la reforma entrarán en vigencia inmediatamente, pero la mayoría de los cambios tomarán hasta dos años en funcionar plenamente.

Hay escépticos que ya auguran que los bancos y financieras vendrán con otros “servicios” adicionales para recuperar las pérdidas en sus ingresos con la nueva ley.

Con los republicanos encaminados a lograr una contundente victoria en los comicios legislativos de noviembre, los demócratas buscan demostrar a los votantes que están poniendo condiciones a una industria que arrastró a la economía a su peor recesión en 70 años.

Sin embargo, aún no está claro qué tanto apoyo puede lograr Obama tras su victoria legislativa, ya que los estadounidenses siguen molestos por el elevado desempleo y el abultado déficit fiscal. Y entre los hispanos la promesa de Obama de “sacar de las sombras” a los indocumentados aún no tiene visos de salir a luz.