La primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos garantiza el derecho de reunión y de expresión de los ciudadanos para peticionar al gobierno sus inquietudes, entre otros. Como se sabe la Consititución de un país es el libro más importante de un estado o nación donde se establecen los derechos y responsabilidades de quienes habitan en el territorio nacional.
En Estados Unidos pareciera que no solo gobernantes hayan olvidado que no hay ley en el suelo patrio que pueda ir contra lo estipulado en la Constitución, sino que los mismos ciudadanos han renunciado a estos derechos inalienables. Y quizá sea por desconocimiento, desidia o porque los gobernantes han hecho un trabajo soberbio en ir ganando terreno en oprimir esas libertades en nombre de la seguridad nacional.
El 11 de setiembre del 2001 América fue atacada en New York con la destrucción de las torres gemelas del World Trade Center. Inmediatamente el mes siguiente el congreso norteamericano aprobó el Patriot Act, una serie de estipulaciones que amplió enormemente el poder gubernamental para combatir el terrorismo y suprimir libertades individuales. En ese entonces, el gobierno estaba controlado por los republicanos.
Grupos opositores al Patriot Act se movilizaron para repudiar la nueva ley bajo el temor de que las libertades individuales y sociales corren, en ese tiempo, serio peligro de ser utilizada como excusa del gobierno, ya sea local, estadual y federal para controlar a las personas y grupos opositores al gobierno y sus prácticas. El temor no solo fue real sino que paulatinamente el gobierno empezó a tejer una intrincada red legal y de fuerzas policiales y de inteligencia envidiada por chinos, rusos y cubanos.
Los republicanos siempre se jactan de ser un partido político que aboga por un gobierno pequeño, donde las libertades individuales son más importantes que nada en el mundo, pero bajo la administración del presidente republicano George W. Bush se crea el Departamento de Seguridad Nacional, la agencia de investigaciones y de control poblacional más grande en la historia de los Estados Unidos, que combina la Central de Investigaciones, la Oficina Federal de Investigaciones, los servicios secretos y demás agencias del orden del país como la de control de Aduanas e Inmigración.
Luego vino el presidente demócrata, Barack Obama, quien desde enero del 2009 ha hecho uso y desuso de ese departamento con total envidia de republicanos.
El punto al que queremos llegar es que desde el 2001 con el Patriot Act se ha visto un incesante careo entre las libertades civiles y sociales consagradas en la Constitución y el arbitrario abuso por parte del gobierno, local, estadual y federal en contrarestar cualquier intento de reclamo popular.
Lo más interesante de este tire y afloje entre la sociedad y las autoridades electas para respetar y hacer cumplir lo establecido por la Consitución es que evidentemente la máxima ley del país se está convirtiendo en letra muerta. Y lo anecdótico del asunto es que el presidente Obama, quien se presenta como profesor en ley constutucional, logró este año que el congreso extendiera la aplicación del Patriot Act por otros años más.
Resulta paradójico que cuando se trata de suprimir las libertades individuales y sociales el congreso federal, o las asambleas estaduales, no tienen problema alguno para llegar a acuerdos rápidos como la extensión del Patriot Act, o sacar leyes como la SB 1017 de Arizona o la SB 87 de Georgia. Incluso tratados de libre comercio con países como Colombia, Corea del Sur y Panamá acaban de ser ratificados por el congreso con asombroso bipartidismo. En cuanto a la reactivación económica y promoción de trabajo para los millones de desempleados, el congreso curiosamente no se ha podido poner de acuerdo. Queda en manos de la sociedad hacerle ver a las autoridades que por encima de los intereses partidarios y mezquinos está la Consitución y el destino del país.

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