La administración de Obama difundió información sobre la actuación del gobierno anterior; reveló que suspendió ciertos derechos constitucionales y destruyó 100 videos de interrogatorios.
Después de los ataques terroristas del 2001, el gobierno de George W. Bush decidió que determinados derechos constitucionales no se aplicarían a medida que Estados Unidos intensificaba su respuesta al terrorismo, según documentos difundidos públicamente por primera vez.
En nueve opiniones legales reveladas por el gobierno de Barack Obama, el Departamento de Justicia durante el gobierno de Bush se atribuyó poderes excepcionales. Dos semanas después de los ataques del 11 de septiembre, los abogados del gobierno discutían los medios de interceptar sin autorización judicial conversaciones dentro del país.
El gobierno de Obama también reveló documentos según los cuales la CIA destruyó casi 100 videograbaciones -muchas más que lo que se sabía- de interrogatorios y otro tratamiento a sospechosos de terrorismo. Legisladores demócratas y otros críticos han denunciado que algunas de las técnicas de interrogatorio equivalían a tortura, lo que Bush y otros funcionarios negaron.
El gobierno de Bush abandonó muchas de las conclusiones legales, pero mantuvo los documentos en secreto. Al difundirlos, Obama siguió ventilando los trapos sucios del gobierno de Bush.
"Demasiado a menudo, durante la década pasada, la lucha contra el terrorismo ha sido considerada como una batalla contra nuestras libertades civiles", dijo el secretario de justicia Eric Holder en un discurso, mientras se preparaba la difusión de los documentos. "No sólo esa escuela de pensamiento es errada, sino que me temo que realmente sea más perjudicial que otra cosa".
