Un total de 15 acusaciones federales fueron formuladas el pasado 28 de febrero en el tribunal federal, unos 24 aprehendidos por delitos federales de armas de fuego y, en adición, unas 85 personas fueron acusadas por la Oficina del Fiscal del Distrito de la División de Augusta por allanamiento de morada, robo con arma de fuego y posesión de drogas. Las acusaciones federales y estatales fueron el resultado de una investigación camuflada de 7 meses en la zona de Augusta llamada “Operación Cortina de Humo”, Operation Smokescreen, en inglés.
La Oficina del Sheriff del Condado de Richmond (RCSO), y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) inició la operación en agosto de 2011. Como resultado de esta investigación multi agencias encubierta, RCSO incautó un estimado de $500,000 en propiedades robadas y los sospechosos fueron identificados en 104 robos generales, 12 robos de coches y otros 16 asaltos.
Pese a que las armas no eran el foco de la investigación, 64 de los artefactos de fuego fueron recuperados de muchos de los criminales convictos o personas que se ocupan de vender armas de fuego sin la licencia correspondiente. Una serie de armas incautadas durante la operación encubierta fueron denunciadas como robadas.
Los maleantes realizaban sus ‘trabajos’ en varios domicilios, negocios, autos y luego llevaban el motín a intercambiar por dinero en un establecimiento comercial. Cuando la Policía recibió un soplo de la actividad llegaron a un acuerdo con uno de los dueños de estos establecimientos para comenzar a grabar la actividad de los presuntos vendedores.
La acusación formal no prueba la culpabilidad de los sospechosos. Todos los acusados tienen derecho a un juicio justo, en la que será la responsabilidad del gobierno probar su culpabilidad más allá de una duda razonable.
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